La nueva “Estrategia mundial contra el sida 2021–2026: Poner fin a las desigualdades. Poner fin al sida” tiene como objetivo reducir las desigualdades que impulsan la epidemia del SIDA y dar prioridad a las personas que aún no han accedido a los servicios que salvan vidas contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
En este Día Mundial del SIDA, celebramos los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe para cerrar las brechas que impiden el progreso hacia la erradicación del SIDA. En la región, destacamos el caso de Panamá, que muestra cómo el enfoque de “contratación social” puede abordar las desigualdades y garantizar que se brinden servicios a las poblaciones clave y vulnerables.
Desde 2003, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha otorgado subvenciones al país para ayudar a fortalecer sus sistemas de salud y aumentar el acceso a los servicios de VIH y Tuberculosis para los más necesitados. El trabajo del Fondo Mundial con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el gobierno y las organizaciones locales ha dado como resultado que más de 12,800 personas accedan al tratamiento antirretroviral y que 18,800 personas reciban asesoramiento y pruebas.
Debido a su clasificación de ingresos, Panamá no será elegible para el financiamiento del Fondo Mundial a partir de enero de 2022. Por lo tanto, era imperativo garantizar que los servicios esenciales para las poblaciones clave (hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales, personas transgénero, personas que usan drogas y personas privadas de libertad y otros entornos cerrados), que tienden a verse afectados de manera desproporcionada por las desigualdades en salud, pueden continuar ininterrumpidamente en el futuro.
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y contratación social:
En Panamá y otros países, las OSC desempeñan un papel vital para llegar a los grupos de población clave más vulnerables al VIH y la tuberculosis, brindándoles y conectándolos con servicios de prevención, tratamiento y atención, defendiendo sus derechos y abordando las barreras asociadas con el virus, estigma y discriminación.
La contratación social es el proceso mediante el cual las OSC reciben fondos del gobierno para brindar servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo a la salud. Este papel se vuelve aún más importante a medida que Panamá avanza hacia programas financiados a nivel nacional.
La experiencia ha demostrado que las OSC a menudo pueden llegar donde el sistema de salud estatal no puede. Como grupos compuestos por las propias poblaciones clave, las OSC tienen un conocimiento profundo de las fuerzas de exclusión que impiden el acceso a los servicios. Están en una posición única para llegar a los marginados de la sociedad. Habiendo establecido relaciones a largo plazo dentro de las comunidades, las OSC pueden realizar actividades de divulgación yendo directamente a las personas que más necesitan ayuda, que a veces son más accesibles para los miembros de su grupo de pares.
“La ventaja de las organizaciones de la sociedad civil es que son organizaciones de pares para poblaciones claves. Esto hace que sea más fácil superar las barreras basadas en la discriminación y crear mayores oportunidades para que las comunidades claves accedan a los servicios de atención médica”.
Dr. Jairo Osorio, que trabaja con el Ministerio de Salud de Panamá.
En 2017, el PNUD llevó a cabo una revisión para determinar si Panamá estaba lista para continuar brindando servicios a través de la contratación social una vez finalizada la subvención del Fondo Mundial. La revisión subrayó la necesidad de ampliar el sistema de financiación pública para las OSC si se quiere seguir prestando servicios críticos a las poblaciones clave después de 2021.
El trabajo que siguió, liderado por el PNUD, estuvo orientado a construir el marco para la contratación social. Fue una tarea compleja, que involucró una serie de procesos de consulta y un examen riguroso de los mecanismos legales, de políticas y de financiamiento de Panamá, así como otros aspectos, incluyendo cómo se podría monitorear y evaluar el desempeño de las OSC, lo cual es esencial para asegurar la rendición de cuentas y relación calidad-precio.
Obtener la “aceptación” de todas las partes y partes interesadas en el proceso fue esencial porque décadas de experiencia en el desarrollo internacional han demostrado que las soluciones de arriba hacia abajo tienden a fallar a largo plazo. La confianza mutua y la apertura a nuevas formas de interacción entre el gobierno y las OSC son esenciales para un resultado exitoso. Para el Ministerio de Salud de Panamá, esto significó adoptar una estructura de financiamiento diferente y un nivel de responsabilidad diferente en su compromiso con las OSC. Para las propias OSC, significó asegurarse de que estuvieran preparadas para cumplir con las regulaciones gubernamentales para recibir financiamiento público.
Un aspecto importante para asegurar una contratación social exitosa es trabajar con las OSC para desarrollar su capacidad de licitar exitosamente para trabajar con el gobierno. Esto a menudo se denomina “creación de capacidad”, un área en la que el PNUD aporta los conocimientos y la experiencia más sólidos. Algunas de las áreas en las que las OSC pueden necesitar asistencia incluyen tener los recursos humanos necesarios para coordinar un proyecto, tener funciones de monitoreo financiero efectivas o tener suficiente conocimiento de los procesos administrativos en los ministerios gubernamentales.
“No es fácil para una o dos organizaciones ser portavoces sobre estos temas. Necesitamos unirnos como una sola voz”.
Ricardo Beteta, presidente de AHMNP, la primera organización LGBTI legalmente reconocida en Panamá.
Para las personas que viven con VIH en Panamá, la prestación continua de servicios es literalmente un salvavidas. La transición del Fondo Mundial a la financiación nacional es un paso vital para garantizar que estos servicios puedan continuar en el futuro. Con este trabajo, el país está un paso más cerca de acabar con la desigualdad en la prestación de servicios salud para todos y todas.
